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Ordenan la detención de militares de EEUU por la muerte del periodista español José Couso en Irak.

Madrid, 29 jul (EFE).- Un juez español ordenó hoy la busca, captura e ingreso en prisión de tres militares estadounidenses presuntamente implicados en la muerte en Bagdad del cámara de televisión José Couso en los primeros días de la guerra de Irak, en abril de 2003.
El magistrado de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz imputa a los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio.
Además, pidió al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, autorización para desplazarse a Irak con el fin de realizar una inspección del lugar donde ocurrieron los hechos.

José Couso murió en Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando tomaba imágenes desde el hotel Palestina, donde se alojaba, al igual que una gran parte de los periodistas que cubrieron la guerra de Irak.
El cámara de la cadena privada de televisión española Telecinco falleció al ser alcanzado por los disparos de un tanque de las fuerzas de Estados Unidos, que causaron también la muerte del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.
Las tropas estadounidenses comenzaron la invasión de Irak, junto a otras de varios países, el 20 de marzo de 2003 y en los primeros días de abril entraron en la capital, Bagdad.
El juez que ordenó hoy la captura y detención de los tres militares estadounidenses considera que concurren "motivos bastantes" para considerarlos culpables de "ataque a la población civil".
También del "acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas", por lo que, "atendiendo a la gravedad de los hechos", ordena la busca y captura e ingreso en prisión "como única medida efectiva" para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.
El juez pide también tomar declaración a los periodistas de las cadenas de televisión Al Yasira y Abu Dhabi sobre los ataques registrados entonces contra sus respectivas instalaciones y reitera la comisión rogatoria cursada a las autoridades de Irak para que autoricen su desplazamiento a este país para reconstruir los hechos.
Como anteriormente "no se obtuvo respuesta" a una petición similar, el magistrado acuerda llevar a cabo una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos, que no requiere de la cooperación de las autoridades iraquíes.
La comisión, en la que participaría el mencionado juez, incluye también, en calidad de testigos, a periodistas españoles.
El magistrado considera que "teniendo en cuenta que los hechos acaecieron" durante la administración del anterior presidente de Estados Unidos, George W. Bush, "podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada)" por parte del Gobierno actual de Barack Obama.
Por ello, vuelve a pedir la declaración de los tres imputados y reclama a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia de ese país toda la documentación sobre los hechos.
Según el juez, la persona que dio la orden fue el teniente coronel Philip de Camp, al mando del regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército estadounidense.
De Camp se la transmitió al capitán Philip Wolford, quien a su vez autorizó al que "materialmente realizó el disparo", el sargento Thomas Gibson, contra el hotel Palestina de Bagdad.
Y ello "pese a saber" que el edificio estaba en zona civil "así como que el mismo estaba ocupado por periodistas y población civil, de tal forma que podría causar la muerte de alguna persona", señala el auto del juez.
Couso, que se encontraba filmando desde la habitación 1403 del citado hotel, fue alcanzado por la metralla, lo que le provocó la muerte horas después en el hospital "Ibn Nafis" de Bagdad, así como la de Taras Protsuyk, que se encontraba en otra altura.
Otros tres periodistas resultaron heridos de gravedad.
La decisión de hoy es un paso más en el largo proceso judicial abierto por la muerte de José Couso y se produce después de que el Tribunal Supremo español ordenara principios de este mes su reapertura tras haber sido archivado.